Eduardo Casal pidió a la Corte que agrave la condena por corrupción y sostuvo que hubo una estructura criminal organizada.
Eduardo Casal, Procurador General en Argentina, reclamó este jueves que se revise la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y aumente la pena a 12 años de prisión por asociación ilícita.
Según informó La Nación, Casal pidió que Kirchner no solo sea castigada por su sanción original, en la que se encontró a la expresidenta como culpable de fraude en torno a actos de corrupción, y que a su vez supone la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En marzo, Fernández presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema en el que pidió revertir su pena, como también hizo un pedido de recusación el 7 de mayo contra uno de los jueces de la Corte.
En cuanto al pronunciamiento del procurador, solo resta que la Corte Suprema de Justicia abra el recurso de queja o lo rechace. Si lo desestima, la condena actual de seis años quedará firme y la expresidenta deberá cumplir prisión efectiva e inhabilitación política inmediata. Si lo admite, en cambio, el caso volverá a la Cámara de Casación y Kirchner ganará tiempo. Esta última sanción resultaría clave para la exmandataria, ya que el plazo para presentar candidaturas en la provincia de Buenos Aires vence el 19 de julio.
Casal respaldó el planteo del fiscal Mario Villar, que había pedido anular el fallo de Casación por considerar que incurrió en “arbitrariedad”. Según el procurador, la sentencia no respondió a los argumentos centrales de la acusación y aplicó criterios erróneos para desestimar el delito de asociación ilícita, uno de los cargos más graves del expediente.
En su dictamen, la procuración marcó que la figura penal rechazada no requiere que los delitos previstos se concreten, sino que castiga la existencia de una estructura criminal estable y afirmó que el grupo encabezado por Kirchner funcionó así, con una pluralidad de hechos que superaban un plan específico.
También criticó la lógica del “hecho único” con la que el tribunal justificó que las 51 licitaciones fraudulentas eran parte de una sola maniobra. Casal subrayó que se trató de “una suma de actos jurídicos diferenciados y autónomos”, y que no había un catálogo previo ni cerrado de delitos por cometer. Esa falta de previsión es, justamente, lo que prueba —según su visión— el funcionamiento de una organización delictiva.
El dictamen fue más allá de la expresidenta. También pidió revisar las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro. A De Vido lo señaló como uno de los principales organizadores del esquema, con un rol decisivo en la asignación de fondos públicos a favor de la empresa de Lázaro Báez. Según Casal, no se trató de omisiones, sino de decisiones deliberadas.
Sobre Fatala, apuntó que asumió su cargo con la intención explícita de no ejercer controles, lo que permitió que la maniobra se mantuviera sin interferencias. En cuanto a Garro, cuestionó que los jueces hayan descartado pruebas clave y evaluaran los hechos de forma aislada, contradiciendo su propia idea de que se trataba de un “hecho complejo”.
Otro elemento central fue el rechazo del tribunal a incorporar declaraciones de imputados arrepentidos del caso conocido como los cuadernos de las coimas, material que había sido solicitado por la fiscalía como respaldo para la acusación.
Por último, Casal pidió que se revise el monto del decomiso, que fue recortado por la Cámara sin explicar por qué desestimó el cálculo detallado presentado por el Ministerio Público.
El procurador concluyó que la apelación de Villar tiene “sólidos fundamentos legales” y pidió que la Corte la considere para agravar la condena contra Cristina Fernández. El fallo podría conocerse en las próximas semanas y tendrá impacto directo sobre el calendario electoral argentino.
LA CAUSA VIALIDAD
La causa por la que fue condenada, conocida como “Vialidad”, investigó irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz, otorgadas a empresas del empresario Lázaro Báez, estrechamente vinculado al kirchnerismo.
El fallo original fue dictado por el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2022, y ratificado en noviembre de 2024 por la Cámara Federal de Casación Penal, que mantuvo la condena por administración fraudulenta pero rechazó el agravante de asociación ilícita.
Otros exfuncionarios también fueron condenados, entre ellos el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.