A partir del domingo 25 de agosto comenzará a regir la Ley de Internación Compulsiva. Es a partir de un Decreto reglamentario que ha distribuido los roles de los organismos que actuarán, entre ellos el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Es factible aplicarla en Tacuarembó? ¿Hay recursos humanos? ¿Hay voluntad política de todas las partes?
Escribe: José Esteves
La normativa comenzará a aplicarse el próximo domingo porque así está estipulado en el propio texto que fue aprobado por el Parlamento el 14 de mayo del presente año.
Su aprobación se dio luego de una ardua discusión legislativa que llevó gran parte de este período de gobierno y que en su momento impulsó el ex ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y que contó con el rechazo de varios legisladores del Frente Amplio.
La nueva Ley, seguramente genere un fuerte impacto en la población más vulnerable del país, sobre todo en aquellas personas que viven a la intemperie, hecho que en un año electoral ha provocado algunos enfrentamientos públicos entre los dirigentes políticos del gobierno y de la oposición. Un punto de inflexión es el crecimiento de la cantidad de personas que están viviendo en la vía pública, un fenómeno que se viene replicando en sobre todo en las capitales departamentales. Se estima que entre los años 2016 y 2019 hubo un crecimiento del 88% de las personas en situación de calle, y desde el año 2021 a la fecha aumentó 24%, según el último censo realizado desde el Ministerio de Desarrollo Social.
¿QUÉ DICE LA LEY?
La nueva normativa en realidad se trata de una modificación en un inciso de la Ley 18.787, aprobada en el año 2011, durante el gobierno presidido por José Mujica. La misma establece que “las personas que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento”.
Ahora, el cambio legal implica ampliar las condiciones en que una persona que vive en la calle puede ser trasladada a un lugar seguro a pesar de que el afectado no quiera irse.
Textualmente, establece que “el Ministerio de Desarrollo Social podrá solicitar al prestador de salud correspondiente o a distintos centros de atención médicos, el traslado a las instituciones médicas de personas que se encuentren en situación de intemperie completa, aun sin que éstas presten su consentimiento, siempre que su capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”.
Entre otros aspectos, para el caso de que la persona se resista físicamente, es que está contemplada la participación de la policía.
EN TACUAREMBÓ
Específicamente en Tacuarembó se deberá realizar un trabajo coordinado con ASSE y con la Dirección del Hospital Regional de Tacuarembó, para saber qué condiciones tiene el nosocomio para atender a esa población. Es importante tener claro la cantidad de camas disponibles y los recursos humanos necesarios para atender a quienes lo requieran. Seguramente dependerá claramente de la “voluntad política” o “logística” que determine la Dirección del Hospital Regional de Tacuarembó, un factor a tener en cuenta y de no menor trascendencia.
Entrevista al Director Departamental del Mides, Ignacio Borad.
Borad: “El Estado no puede seguir haciendo la vista gorda…la prioridad no es el perro, es la vida de las personas”
Ayer visitó el programa “La Lupa”, el Director Departamental del Ministerio de Desarrollo Social, Ignacio Borad, para abordar la temática de la Ley de Internación Compulsiva y cómo se aplicará en el territorio del departamento de Tacuarembó.
Hablemos de la Ley de Internación Compulsiva y su implementación a partir del domingo 25 de agosto. ¿Cómo llega la notificación, cómo se trabajó la Ley y cómo se ejecutará y a quiénes va dirigida?
Primero te digo que no es una Ley de Internación Compulsiva para toda la población que tenga problemas de consumo y que esté descompensada, sino que apunta a las personas que están en situación de calle y de intemperie absoluta, es para aquellas que no tienen a donde ir. Es producto de un proceso acumulativo, que inicia en el año 2011 con la Ley de Prestación de Asistencia Obligatoria del Estado que nunca se reglamentó, pero que ya preveía que el Estado pudiera intervenir en situaciones de éste tipo, o sea en casos de que las personas puedan ser un peligro contra la integridad de su persona o de terceros, pero en esos casos únicamente se aplicaba por intermedio de la Justicia. Luego en el año 2017 se suma la Ley de Salud Mental y ahora sale el Decreto Reglamentario que en líneas generales establece que una persona por problemas psiquiátricos o por enfermedad, representa un riesgo para su vida o la de terceros, el Estado por intermedio del Mides, en coordinación con el Ministerio del Interior y con ASSE, puede ser derivada aún contra su voluntad a un centro de salud, o a un lugar de resguardo que pueden ser los contenedores del Mides que tenemos en Tacuarembó.
¿Ahora quién es el que certifica esa situación? ¿Es un médico psiquiatra o uno de medicina general?
El que certifica es un médico de medicina general, son dos cambios con respecto a la normativa que estaba vigente: una es que no hay intervención de la Justicia, y la otra es que el médico certificante no tiene por qué ser un médico psiquiatra, porque no hay especialistas en todos los lugares, a pesar de que hayan casos puntuales de personas con problemas de salud mental o de adicciones.
¿Y qué sucede si la persona se niega a la internación?
Ahí es cuando se activa la Ley. Primero vamos por el lado de la persuasión, cuando se puede razonar con la persona, pero a veces es imposible por brotes psicóticos. Cuando se niega, interviene el Ministerio del Interior, y supongo que el respaldo está previsto, no creo que se vaya por el camino tradicional del respaldo de un Juez o un Fiscal, el camino debería ser que las instituciones puedan por sí mismos hacer la internación contra la voluntad de la persona.
¿En Tacuarembó, el Ministerio de Desarrollo Social tiene capacidad operativa en todo el departamento?
No, no lo tenemos, y algo que es importante para saber por qué no se reglamentó antes, y es porque no estaban dadas las circunstancias. Ahora el Estado entendió que no puede seguir haciendo la vista gorda, porque hay casos en los que tenemos que intervenir, y por ejemplo acá tenemos capacidad de respuesta para algunas situaciones y para otras no. Acá primero tenemos que sentarnos a conversar con la Dirección del Hospital para saber qué capacidad tiene para atender, porque por ejemplo nosotros en nuestro Centro de Estadía Transitoria no tenemos guardia de seguridad en los contenedores, tenemos un sereno, pero no contamos con policías, y tenemos que tener una guardia mínima para que las personas no se escapen durante la noche.
Ahora ustedes que han trabajado con ese tipo de población, saben bien qué esas personas no razonan de la misma manera o no tienen la misma lógica que cualquier otro vecino de la ciudad. Tienen sus pertenencias que pueden ser pocas, pero son suyas, tienen sus mascotas, y es lo único que tienen y muchas veces se aferran a ellas. ¿Se contemplan esas situaciones?
Claro, pero el tema central es que esos casos son los menos, y nosotros apuntamos a las personas que no pueden razonar por sí mismos, o pueden, pero atentan contra su propia vida, ya sea por situaciones de salud mental o de adicciones, y en muchos casos es difícil mantener un diálogo con ellos. Pero también nos ha pasado con adultos mayores que pueden tener una neumonía, y prefieren quedarse en la intemperie, y para ellos va a ser la internación, porque la prioridad del Estado no es el perro, es la persona, es una herramienta de emergencia, pero no de recuperación.
¿Ya han tenido contacto con el Director del Hospital Regional de Tacuarembó?
No, en lo particular no he mantenido ninguna reunión. Estoy esperando por el borrador del Decreto reglamentario, y alguna que otra conversación con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, para luego sí comenzar a coordinar las líneas de acción, pero no tengo duda que tendremos que hacer un trabajo interinstitucional que tiene un mandato por Ley.